En enero próximo entrará en vigor la nueva directiva europea contra el lavado de dinero.
Al llevarla a la práctica, los Países Bajos sin embargo irán mucho más allá de lo que establece su texto. Según afirman los críticos, el procedimiento de las autoridades podría acabar las startups tecnológicas vinculadas al mundo de las monedas digitales.
La nueva Directiva de la Unión Europea contra el Lavado de Dinero conocida como AMLD5 (Anti-Money Laundering Directive 5) establece los principios para hacer más eficiente la lucha de los países miembros contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. No obstante, tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central de los Países Bajos se han encontrado últimamente en el ojo del huracán de críticas por sus intenciones de llevar a la práctica una legislación mucho más dura de lo que exige dicha directiva europea.
Las empresas, entre las que se incluyen bolsas y diseñadores de software, sostienen que las autoridades deterioran el proceso democrático intentando rectificar los crímenes del pasado que no tienen nada que ver con la tecnología blockchain. Los críticos reprochan al ministerio y el banco central holandés que tratan de agregar a la normativa europea AMLD5 suplementos sin que éstos hayan pasado por el proceder legislativo habitual.
Según las nuevas normas, de las empresas de monedas digitales se espera que paguen sus propios costos de supervisión y que se sometan a un proceso de registración. Las empresas lo consideran como sometimiento a autorización disimulada e ilegal. Además, el cumplimiento cabal de las nuevas normas resultaría extremadamente costoso. Los costos se estiman en 150 mil euros anuales, lo que de hecho llevaría a la liquidación especialmente de pequeñas startups.
