La empresa Airbnb ha retirado más de 65 000 anuncios de alquileres vacacionales de su plataforma tras una orden del Gobierno español, según ha informado el Ministerio de Consumo. Según este, las ofertas no respetaban la normativa vigente. Además, el Ministerio ha identificado decenas de miles de ofertas ilegales, según ha informado hoy la agencia Reuters.
Intervención del Gobierno contra los alquileres ilegales
El Gobierno español, junto con las autoridades municipales y regionales, ha lanzado una campaña general contra los alojamientos turísticos ofrecidos a través de páginas web como Airbnb y Booking.com. El Ministerio ha declarado que esta medida no hace más que confirmar el compromiso del Gobierno de hacer cumplir la ley y garantizar el derecho constitucional a la vivienda frente a los beneficios de las grandes empresas internacionales.
La mayoría de las ofertas bloqueadas en Airbnb no indicaban el número de licencia. En otras, no se especificaba si el propietario era una persona física o jurídica, según informó el Ministerio, que ordenó su eliminación a finales de mayo.
Otras ofertas sin licencia y protestas públicas
El Ministerio identificó además otras 54 728 ofertas que no indicaban el número de licencia. Según la nueva ley, los operadores tienen esta obligación desde el 1 de julio. La empresa Airbnb no ha respondido aún a la solicitud de comentarios de Reuters. La eliminación de las ofertas se produjo tras repetidos intentos de Airbnb de revocar esta decisión en los tribunales. La empresa alegó que el Ministerio no tiene competencia para decidir sobre los alquileres de corta duración y que no ha presentado pruebas suficientes.
Según muchos españoles, estas plataformas generan un turismo excesivo y contribuyen a que los residentes locales ya no puedan permitirse alquilar una vivienda. En los últimos meses, decenas de miles de españoles han salido a las calles para protestar contra el aumento del coste de la vivienda y los alquileres. Por ejemplo, en las protestas de junio en Barcelona, los vecinos se quejaron de la destrucción de las comunidades locales y del agravamiento de la crisis de la vivienda.
Fuente: ČTK
